Gobierno y comunidades autónomas decidieron hoy dejar para septiembre la aprobación de una de las asignaturas pendientes de la ley de dependencia: el copago o cantidad que los beneficiarios de la norma tendrán que abonar por los servicios que reciban.
El establecimiento del copago al que tendrán que hacer frente los usuarios de la ley de autonomía personal es uno de los puntos que estaba previsto tratar hoy en el Consejo Territorial de la Dependencia, un órgano formado por representantes del Ejecutivo, CCAA y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que tiene como misión aprobar cualquier decisión relevante que tenga que ver con el desarrollo de la norma o con su funcionamiento.
Según explicó en una rueda de prensa celebrada al término de la reunión la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, a quien corresponde presidir el consejo de la dependencia, el punto del copago 'se ha decidido trasladar a septiembre', cuando está previsto iniciar un calendario de trabajo fruto de la reflexión previa sobre aspectos como el sistema de información de la norma a los ciudadanos.
Esta reflexión girará también en torno a la trasparencia de la ley y a principios previstos en ella como la igualdad, calidad o equidad, y servirá para dar 'un nuevo impulso' a la norma, continuó Cabrera.
Además del asunto del copago, que de momento deberán seguir fijando las comunidades como vienen haciendo hasta ahora, el Consejo Territorial de la Dependencia de hoy dejó también para la vuelta de las vacaciones el de la acreditación de calidad que han de cumplir los centros que atiendan a personas dependientes.
DINERO PARA LAS CCAA Junto a la discusión sobre el copago y la acreditación de los centros, los representantes de las CCAA en materia de dependencia y la titular de Política Social aprobaron, tras tres horas de reunión, el reparto entre las autonomías de un total de 241 millones de euros procedentes del Estado para sufragar gastos relacionados con prestaciones y servicios previstos en la norma.
Estos 241 millones de euros representan, según dijo a los periodistas el consejero murciano de Política Social, Mujer e Inmigración, Joaquín Bascuñana, un 27% del dinero que el Estado aportará este año para desarrollar la ley de dependencia, un porcentaje que a su juicio es insuficiente y que el año pasado alcanzó el 50% del presupuesto global.
En la misma línea se mostró el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Anxo Quintana, quien puso en duda que la crisis económica no vaya a afectar a la ley de dependencia.
En este sentido, Cabrera subrayó que su departamento corrobora el compromiso hecho por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de dar continuidad a las políticas sociales.
No obstante, matizó la ministra, 'eso no quiere decir que la situación económica por la que atravesamos no tenga algún tipo de influencia en relación con el despegue de la ley, pero desde luego el compromiso de este ministerio es el cumplimiento con la memoria económica de la norma'.
Por último, la titular de Política Social afirmó que ha tenido ya 'conversaciones informales' con el ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, para hablar de los 'puntos de encuentro' entre el sistema públicoi sanitario y el de dependencia.
(SERVIMEDIA) 23-JUL-2008 IGA/lmb
