En la actualidad, esta materia está regulada por la Ley General de Subvenciones del año 2003, que se aplica por igual a las empresas privadas y a las entidades no lucrativas, lo que ocasiona multitud de problemas y dificulta la consolidación organizacional y la estabilidad financiera de los movimientos sociales.
Las funciones de interés público que realizan las entidades no lucrativas, que sustituyen o complementan la labor de las administraciones, que no dan respuesta a todas las necesidades sociales, deben gozar de una regulación específica de subvenciones y ayudas oficiales, que tenga en cuenta sus peculiaridades.
Esta nueva legislación debe orientarse a promover el tercer sector, evitando cualquier tentación de hacer uso de las subvenciones como herramienta de control o injerencia por parte de las administraciones, y a favorecer la sostenibilidad a medio y largo plazo de este tipo de entidades.
Además, la nueva Ley debería establecer con contundencia la prohibición de conceder ninguna subvención oficial a entidades y empresas que no acrediten que cumplen con toda las disposiciones normativas del ordenamiento jurídico (igualdad de trato, no discriminación, cuotas de reserva, prevención de riesgos laborales, sostenibilidad ambiental, etc.).
Otros criterios que tendría que regular necesariamente la nueva legislación pasarían por imponer a las entidades sociales obligaciones de transparencia, gestión ética y de calidad y auditorías independientes de resultados.
23 de julio de 2009.
