Hay que establecer un acuerdo estatal en calidad y acreditación de servicios en la atención a la dependencia. Ésta es la conclusión principal del estudio Calidad y Acreditación para entidades prestadoras de servicios de atención a las personas mayores en situación de dependencia, presentado ayer por la Confederacion Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma), la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) y la Fundación Edad & Vida, entidad que ha realizado el trabajo con la coordinación técnica de Applus+ y la colaboración del Imserso.
El objetivo del estudio iniciado hace dos años era evidenciar las necesidades del sector en calidad. Más de un año después de que se aprobara la Ley de Dependencia todavía hay muchas cosas en el aire. Raquel Manjavacas, gerente de Ceoma, cree que falta dotación presupuestaria: "Ocurre como con el maltrato de mujeres. Se ponen leyes pero no medios". Desde UDP también apuntan las carencias de la regulación de la ley.
El estudio revela varias lagunas que Albert Vergés, director general de Edad&Vida, ha relatado a Diario Médico. Una es la heterogeneidad de la acreditación de la calidad de los servicios según la comunidad autónoma. "Las ratios de atención varían de 0,30 a 0,50 en función de la región. Según marca la ley, hay que exigir al Consejo Territorial de la Dependencia un acuerdo estatal en copago y acreditación que no existe".
Vergés señala que la acreditación de centros y servicios es la columna vertebral de la Ley de Dependencia, porque "establece un mínimo común para todos que cada comunidad puede mejorar. Si el Estado no coloca el listón no crea la suficiente seguridad jurídica".
Dos niveles
Según Vergés, la tendencia es distinguir entre dos niveles de acreditación: el básico y el avanzado (referente de máxima calidad). Además, "hay que distinguir entre grados y niveles de dependencia: del alto -3- al moderado -1-, así como valorar el tipo de servicio prestado y el servicio prestador, no acreditar a toda la empresa".
Esto establecerá unos requisitos mínimos de acreditación y unos indicadores para cada servicio, nivel y grado, que a su vez comportarán costes diferentes.
Otro de los temas en los que incide el estudio es la libre elección de servicio por parte del usuario, y aquí juega un papel importante la calidad evaluada. Pero ¿cómo se garantiza el buen hacer de la entidad acreditadora? El director general de Edad & Vida afirma que para conseguir un proceso transparente las comunidades autónomas han de apoyarse en entidades externas.
En cualquier caso, todo tiene que formar parte de un proceso transitorio. La reconversión del sector no se puede hacer rápidamente. "Se partirá de una acreditación provisional con indicadores básicos. En tres años cada servicio deberá llegar al mínimo. Si en ese plazo no se cumple, entenderemos que no tienen interés en formar parte de la red", advierte Vergés.
En el sector de la dependencia acaban de aterrizar cuatro normas creadas por el comité 158 de Aenor. En él participó Edad & Vida. Pero "nosotros hemos aumentando la exigencia en calidad y añadimos un esquema de cómo realizar el proceso. Mientras las normas de Aenor hablan de residencias y centros de día, nosotros diferenciamos según el grado de dependencia.
No queremos tarifas únicas. De todas formas, ambas opciones son compatibles". Según Manjavacas, la calidad en dependencia debe mejorar, ya que "a veces el personal no es el adecuado".
Fuente: diariomedico.com
