La ambición y la complejidad son la cara pero también la cruz de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia. Lo sostienen los expertos y los responsables de Asuntos Sociales de las comunidades, pero también la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, que ayer, durante su primera comparecencia ante la Comisión de su ramo en el Senado, reconoció su "preocupación de forma especial por la ley", habló de "dificultades, problemas de coordinación y limitaciones del sistema informático", e incluso reconoció que "es necesario aumentar la financiación de la norma siempre que se tengan en cuenta las complejidades del sistema".
Cabrera abogó por "un sistema asentado sobre buenos cimientos para que se mantenga en pie durante mucho tiempo", pero no habló de plazos para hacerlo realidad. Aunque 2015 es el año fijado para completar la aplicación, la ministra avisó que la creación del sistema llevará más o menos los mismos años que requirieron en su día el modelo educativo, sanitario y de la Seguridad Social.
"Debemos asegurar su solidez de la misma manera y por ello hay que revisar el calendario, ver si lo queremos mantener y si nos comprometemos a cumplirlo".
Tres objetivos
La base de esta estructura descansará sobre tres líneas de actuación "dirigidas a conocer mejor los problemas que puedan detectarse en estos primeros momentos de su andadura", apostilló.
El análisis del rendimiento del sistema será un elemento clave, puesto que, a juicio de Cabrera, "hay que evaluar las políticas impulsadas y hacer las modificaciones pertinentes". Es por ello que, a pesar de que la primera evaluación de la norma está prevista para 2009, el Gobierno, a través de una orden ministerial, creará este año una comisión especial para analizar la gestión del sistema y comprobar si se adecua a los parámetros de eficacia, eficiencia y calidad. El grupo, justificado por "la propia novedad y trascendencia del sistema", dependerá de la subsecretaría del departamento y estará formado por miembros del Ministerio de Hacienda, Administraciones Públicas y de la Seguridad Social.
También la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas revisará el sistema informático, que presenta "problemas de coordinación en las regiones", según le transmitieron los consejeros a Cabrera, que añadió: "No conviene que cuestiones técnicas interfieran en la aplicación de la ley".
Las mejoras pasan también por reforzar la comunicación y la cooperación con las comunidades, a las que Cabrera hizo "corresponsables del despliegue de la ley". El primer paso se ha materializado en las reuniones que ha mantenido con todos los consejeros autonómicos y que continuará la semana que viene, según anunció, con un "encuentro informal con los responsables regionales de Política Social para hablar sobre la situación de la ley". Y es que, tal como recordaron los representantes de la Cámara Alta, las diferencias entre regiones son patentes. María Font, del PP, achacó estas inequidades al "escaso y tardío reparto de fondos estatales", mientras que Mario Barreda, del PSOE, que instó a todos a "arrimar el hombro", vinculó las diferencias a "una falta de lealtad institucional".
La alocución obvió los problemas con el baremo y el sistema de copago, escollos en los que insistieron los senadores. A excepción del grupo socialista, todos coincidieron en señalar que la expectativa inicial está dejando paso a la frustración y al escepticismo, más ahora con un ministerio con "demasiadas competencias potentes".
Fuente: diariomedico.com
