• Para el CERMI, las personas reconocidas como en situación de dependencia, menores de 65 años, que no llegan a ese límite de ingresos, deben quedar liberadas de hacer aportaciones por los servicios y prestaciones que reciban
(Madrid, 5 de noviembre de 2008).- El sector asociativo de la discapacidad articulado en torno al CERMI ha planteado al Gobierno central y a las Comunidades Autónomas que ninguna persona menor de 65 años beneficiaria de prestaciones de autonomía personal y dependencia tenga que aportar al Sistema (copago) si sus ingresos personales son inferiores a 2,5 veces el IPREM (Índice Público de Referencia de Efectos Múltiples).
Para el CERMI, las personas reconocidas como en situación de dependencia, menores de 65 años, que no llegan a ese límite de ingresos, deben quedar liberadas de hacer aportaciones por los servicios y prestaciones que reciban.
En los borradores de acuerdo en los que se trabaja actualmente por parte del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), aparece como límite exento 1 IPREM, lo que desde el sector de la discapacidad se entiende como absolutamente insuficiente.
Con un límite exento de 1 IPREM no quedaría garantizado el principio consagrado en la Ley de que nadie dejará de recibir prestaciones por carecer de recursos propios.
Asimismo, el CERMI ha pedido que la el máximo de aportación no supere el 70% de la capacidad económica de la persona en situación de dependencia, rebajándose así el límite de hasta el 90% que figura en los borradores de acuerdo pendientes de adoptar por el Consejo Territorial del SAAD.
El CERMI exige también que el acuerdo de copago sea lo suficientemente concreto y determinado para que no se generen desigualdades hirientes en la aplicación de la Ley por parte de las Comunidades Autónomas.
El CERMI es la plataforma de representación y encuentro de las personas con discapacidad que aglutina a más de 4.000 asociaciones y entidades, que representan en su conjunto a los cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España. Su objetivo es conseguir el reconocimiento de los derechos y la plena ciudadanía en igualdad de oportunidades de este colectivo.
