Con este motivo, los ciudadanos y ciudadanas con discapacidad y sus familias recuerdan y reclaman a los poderes públicos y a la sociedad en su conjunto la necesidad de adoptar medidas transformadoras que garanticen la igualdad de trato y oportunidades y acaben con las discriminaciones de toda índole que todavía sufre este grupo social.
Con el propósito de celebrar el 3 de diciembre de 2009 con una especial consideración hacia la crisis económica y sus efectos, el movimiento social de la discapacidad articulado en torno al CERMI Estatal hace público el siguiente
MANIFIESTO
La discapacidad constituye un factor muchas veces determinante de pobreza y exclusión social. La realidad nos muestra que las mujeres y hombres con discapacidad, y sus familias, conforman un grupo vulnerable, en riesgo cierto de exclusión, que precisa por tanto de legislación y de políticas activas y enérgicas que promuevan su inclusión y plena equiparación sociales. Los datos disponibles revelan que al hablar de personas con discapacidad la cifra de pobreza relativa se eleva de manera considerable en relación con la media general de pobreza del país de que se trate.
Es un hecho que las personas con discapacidad y sus familias son un grupo social con especial riesgo de sufrir los efectos de una situación económica tan adversa como la actual. Los datos y cifras más recientes nos indican que el sector de la discapacidad se está viendo afectado por la crisis económica de manera más negativa que el resto de la población. Diversos estudios muestran el sobrecoste económico de la discapacidad, ocasionado por la necesidad que tienen las personas con discapacidad y sus familias de afrontar gastos en bienes y servicios de apoyo indispensables para mantener una vida digna con un esfuerzo mayor que el que dedican las personas y familias sin discapacidad. El impacto de una crisis económica general, con lo que supone de pérdida de capacidad adquisitiva, repercute de modo negativo en este grupo social, que parte de una situación de desventaja.
En lo que se refiere al empleo, las personas con discapacidad tardan más en sentir los efectos de la expansión económica, y son las primeras en sufrir las consecuencias del deterioro del empleo, viéndose expulsadas y accediendo en menor medida al mercado laboral. La crisis económica actual está perjudicando de manera muy significativa al empleo protegido y, en general, a las empresas de iniciativa social, dos vías de enorme relevancia en la inserción laboral de las personas con discapacidad.
No contar con la discapacidad, no contar con esa parte de la diversidad humana, personal y social, es dar la espalda al talento, a la creatividad, al ingenio y a la singularidad de miles de mujeres y hombres. Sería negarse a aceptar el enriquecimiento que significa incorporar a una parte muy valiosa de la sociedad. Las autoridades, empresas, los agentes y operadores que no sepan ver esto, demuestran una gran torpeza y no resultarían dignos de la confianza que ha puesto en ellos el conjunto de la sociedad. Las personas con discapacidad encierran un enorme potencial que solomente aguarda a verse liberado de los restricciones que les impone un entorno reticente y, en ocasiones, adverso.
Por todo ello:
1.- El CERMI recuerda que el acceso regular al mercado de trabajo es una vía privilegiada de inclusión social, ya que sin empleo, las personas con discapacidad se sitúan en peligrosas posiciones de marginación y exclusión sociales, ven limitada su autonomía personal y comprometido su derecho a la inclusión y a la vida en comunidad. En este sentido, el CERMI hace un llamamiento para que se apliquen las medidas sugeridas por la discapacidad organizada a modo de plan urgente de choque contra la progresiva destrucción de empleo y el menor acceso de las personas con discapacidad a un bien básico como el del trabajo.
2.- El CERMI insta a los poderes públicos, encabezados por el Gobierno de España, a aplicar de manera urgente las medidas planteadas desde la discapacidad organizada, destinadas prioritariamente a mantener los niveles de empleo para personas con discapacidad previos a la crisis, evitando los efectos de la situación económica en cuanto a destrucción y deterioro del empleo, con especial atención a los puestos de trabajo generados por las empresas y proyectos de iniciativa social.
3.- El CERMI recuerda a las Administraciones que la contratación pública socialmente responsable favorece la inclusión social, a través de la adquisición de bienes y servicios. Por ello, las administraciones públicas deben potenciar la dimensión social en la contratación, incluyendo de oficio cláusulas sociales en todas las licitaciones públicas.
4.- El tejido social organizado en torno al CERMI Estatal pide enérgicamente que se tenga presente el agravio económico al que se ve sometido esta parte de la ciudadanía –a título individual y familiar– desencadenado por el sobrecoste en el acceso a bienes y servicios de apoyo por causa de discapacidad. Es importante tener en cuenta que la necesidad de abordar la discapacidad como un factor potenciador de la pobreza económica no es únicamente una cuestión de justicia social.
Acabar con esta pobreza significaría que más personas con discapacidad podrían incorporarse a una vida activa. Especial consideración deben tener las familias que necesitan medidas específicas en tanto que red que comparte la situación de discapacidad de alguno de sus integrantes y, al mismo tiempo, como principal suministrador de apoyo a estas personas.
5.- Ante las medidas propuestas desde las instancias públicas para paliar la grave crisis que afecta a nuestro país, debe tenerse presente que los nuevos recursos habilitados por las Administraciones han de dedicarse a promover la cohesión social y el fomento de un entorno inclusivo con un sector ciudadano como el de la discapacidad, en situación de vulnerabilidad. La cohesión social no es un mero resultado del desarrollo económico, sino que contribuye decisivamente al mismo.
6.- La situación de múltiple discriminación y mayor vulnerabilidad en la que viven algunas personas con discapacidad, como por ejemplo las mujeres, las niñas y niños o los jóvenes con discapacidad, debe ser tenida en cuenta especialmente en todas las medidas que se apliquen para combatir la crisis, ya que produce una mayor exposición a sus efectos negativos. En este sentido, las mujeres con discapacidad son quienes presentan una mayor sensibilidad a las consecuencias adversas de la crisis, como demuestran los datos existentes.
Por ello, el CERMI Estatal reitera su petición de recursos y apoyos suficientes y sostenidos que permitan a las mujeres con discapacidad ser autónomas económicamente y llevar una vida independiente, así como la inclusión de indicadores de impacto de género y pobreza en las políticas sociales que se desarrollen tanto en el plano estatal como en el autonómico. Igualmente, el CERMI Estatal reitera que estos recursos y apoyos se acentúen en el caso de las mujeres que asumen individualmente la tarea de asistencia y apoyo a personas con discapacidad, ya que todos los estudios destacan el fuerte impacto de exclusión social y pobreza que conlleva esta situación.
7.- El CERMI Estatal hace un llamamiento a los responsables políticos sobre la importancia del sistema de Seguridad Social como instrumento de política social dirigido a contribuir a la plena inclusión de las personas con discapacidad y sus familias, por lo que instamos a tener en consideración las necesidades del sector a la hora de renovar el Pacto de Toledo, que marcará las grandes directrices del sistema de Seguridad Social para los próximos años.
8.- En épocas de crisis, y con este pretexto, no resulta admisible la reducción de las inversiones sociales por parte de los poderes públicos. España sigue estando muy lejos de la media de inversión social/ciudadano de la Unión Europea, por lo que no cabe rebajar las partidas dedicadas a estos fines. El CERMI Estatal recuerda al Estado y a las Comunidades Autónomas que no deben reducirse las dotaciones presupuestarias destinadas a las políticas de discapacidad, en beneficio de los fondos presupuestados para el despliegue de la Ley 39/2006 y del Sistema para la Autonomía Atención a la Dependencia, y que deben promover justa y equilibradamente la atención a la dependencia y la autonomía personal, por una parte, y a la discapacidad, por otra, para no agravar la crisis del sector.
Las políticas públicas de discapacidad no solo han de mantenerse sino que han de intensificarse, teniendo como marco de referencia el constituido por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 13 de diciembre de 2006 y, en particular, han de dirigirse a hacer efectivo el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, proclamado en su artículo 19.
9.- Ante la próxima tramitación de la Ley sobre Economía Sostenible, que prepara el Gobierno de España, el CERMI Estatal insiste en las propuestas realizadas al respecto por la discapacidad organizada, dirigidas entre otros aspectos a lograr el reconocimiento jurídico y político de la potencia creadora de riqueza y empleo de la economía social. Recuerda, asimismo, el importante papel del tercer sector no lucrativo en épocas de declive económico como la actual.
10.- A las puertas del Año Europeo contra la Pobreza, 2010, y teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo del Milenio proclamados por Naciones Unidas, la discapacidad organizada desea hacer un llamamiento para que las soluciones globales a la crisis tengan en cuenta las políticas inclusivas, que son palanca de relanzamiento del desarrollo social y la reactivación económica. El reconocimiento de la diversidad como valor en sí mismo se presenta como un elemento fundamental para construir una sociedad abierta a la inclusión de todas las personas que la conforman.
3 de diciembre de 2009
COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CERMI)
